Hay sesiones que dejan leyes. Otras dejan discursos. Y algunas, como la de este jueves en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, dejan algo mucho más preocupante: la confirmación de que, cuando la disputa por el poder se impone sobre la gestión, los primeros perjudicados siempre son los mismos.

Los empleados municipales esperaban una sola cosa: que el acuerdo salarial alcanzado entre el Ejecutivo y el SOEM pudiera aprobarse para cobrar sus haberes con el incremento correspondiente durante la próxima semana. No ocurrió. Y detrás de ese fracaso hubo mucho más que una diferencia reglamentaria o una discusión sobre el tratamiento sobre tablas. Lo que hubo fue una demostración descarnada de la interna política que atraviesa al oficialismo y de un entramado de decisiones cuyo único resultado fue demorar un desenlace que, tarde o temprano, terminará siendo exactamente el mismo.

Porque nadie discute el fondo del asunto. Nadie sostiene seriamente que el aumento no vaya a aprobarse. Lo que se discutió fue otra cosa: quién se queda con el costo político y quién intenta quedarse con el beneficio.

La jornada comenzó temprano. En la Municipalidad, el intendente Othar Macharashvili reunió al bloque oficialista junto al secretario general Andrés Blanco. Más tarde se incorporaron el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, y el secretario de Economía, Fernando Barría. El mensaje que recibió el intendente fue claro: el bloque aseguraba no tener los ocho votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas y planteaba la necesidad de convocar a una sesión extraordinaria.

En ese mismo encuentro también aparecieron otros reclamos. Los concejales manifestaron su malestar por actitudes de algunos funcionarios del Ejecutivo y plantearon una serie de pedidos internos que poco tenían que ver con la urgencia salarial de cientos de trabajadores municipales. La política, una vez más, mezclando discusiones de poder con decisiones que afectan directamente el bolsillo de la gente.

La reunión terminó con un compromiso. El presidente del bloque, Marcos Panquilto, volvería al Concejo para intentar una última conversación con el bloque del PRO y verificar si existía la posibilidad de reunir las manos necesarias para habilitar el tratamiento.

Mientras tanto, afuera de esa mesa, los teléfonos no dejaron de sonar. Operadores políticos, concejales y dirigentes mantenían reuniones permanentes intentando destrabar una situación que, con el correr de las horas, dejaba de ser legislativa para convertirse exclusivamente en política.

Fue allí donde apareció el verdadero conflicto.

Según distintas fuentes políticas consultadas, dentro del bloque oficialista existía una directiva muy clara atribuida al espacio que responde políticamente al exintendente Juan Pablo Luque: el proyecto no debía tratarse utilizando los votos de la oposición para alcanzar los ocho necesarios.

La explicación que circuló fue tan sencilla como reveladora. “No vamos a usar las manos de la oposición para tratar este tema”, habría sido la posición expresada dentro del bloque.

Lo llamativo es que, mientras esa postura se consolidaba puertas adentro, desde la oposición existía otra realidad. Los concejales Martín Gómez y Pablo Bustamante habían transmitido que estaban dispuestos a habilitar el tratamiento sobre tablas. No significaba acompañar el aumento. Significaba permitir que el expediente llegara al recinto para luego votar en contra en la discusión de fondo, algo perfectamente válido desde el punto de vista político e institucional.

En otras palabras, los votos para abrir el debate estaban disponibles.

El resultado final, entonces, ya no dependía de la oposición sino de una decisión estrictamente política del propio oficialismo.

Y allí aparece la pregunta inevitable: ¿qué sentido tiene impedir el tratamiento de un acuerdo que igualmente terminará aprobándose dentro de pocos días en una sesión extraordinaria?

La respuesta parece estar mucho más cerca de la interna que de la administración.

Sin embargo, hubo otro dato que llamó especialmente la atención durante toda la jornada.

Las tres concejalas que responden políticamente a la diputada nacional Ana Clara Romero —Ximena González, Gimena Borquez y Luciana Ferreira— tampoco habilitaron el tratamiento del expediente. Una decisión que sorprendió incluso dentro de distintos sectores de la oposición.

A partir de allí comenzaron a circular versiones que rápidamente ganaron fuerza en los pasillos políticos. Según esas versiones, después de muchos meses de distancia política, habría existido un contacto entre Juan Pablo Luque y Ana Clara Romero con un objetivo concreto: evitar que el proyecto pudiera tratarse este jueves y profundizar el desgaste político del gobierno municipal.

Hasta el momento no existe confirmación pública de esa versión. Pero lo cierto es que los movimientos parlamentarios terminaron alimentando las sospechas. Porque si existían votos para habilitar el tratamiento y, aun así, el expediente no llegó al recinto, resulta lógico que las interpretaciones políticas empiecen a llenar los silencios.

En definitiva, todos terminaron perdiendo.

Perdió el Ejecutivo, que deberá convocar una sesión extraordinaria para aprobar un acuerdo que ya estaba firmado.

Perdió el Concejo Deliberante, que volvió a exhibir que muchas veces las disputas internas pesan más que las necesidades de la ciudad.

Y perdieron, sobre todo, los trabajadores municipales, que observaron cómo una discusión salarial terminaba convertida en una pulseada entre sectores del mismo espacio político.

Hay otro actor cuya actitud también merece un interrogante.

Durante las negociaciones paritarias el SOEM fue un protagonista central, con una fuerte presencia pública y una presión permanente para cerrar el acuerdo salarial. Sin embargo, cuando la discusión pasó del Ejecutivo al Concejo Deliberante y el riesgo de demorar el cobro comenzó a ser concreto, el sindicato optó por un llamativo silencio.

No hubo movilizaciones. No hubo reclamos públicos frente al cuerpo legislativo. No hubo presión institucional para exigir que el expediente fuera tratado ese mismo día.

La pregunta surge sola: ¿por qué el sindicato que reclamó con firmeza durante la negociación desapareció justamente cuando el acuerdo necesitaba una definición política?

Quizás la respuesta también forme parte de esa compleja red de relaciones políticas que desde hace años condiciona buena parte de la vida institucional de Comodoro.

Lo cierto es que el desenlace ya está escrito.

La sesión extraordinaria llegará. El acuerdo será aprobado. Los trabajadores cobrarán el aumento.

Pero nada de eso alcanzará para borrar la imagen que dejó esta semana.

Porque cuando una ciudad observa que un aumento salarial termina siendo utilizado como ficha de una disputa de poder, la discusión deja de ser reglamentaria.

Pasa a ser, sencillamente, una discusión sobre prioridades.

Y este jueves quedó la sensación de que, para demasiados dirigentes, la prioridad nunca fueron los trabajadores.