El Gobierno trabaja en un proyecto de reforma laboral que ya generó tensiones con la CGT. El borrador —analizado en el Consejo de Mayo— introduce modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y en regímenes especiales.

Entre los puntos principales, redefine qué actividades quedan fuera de la LCT, como empleo público, trabajo agrario, servicio doméstico, transportes y repartos por plataformas. Mantiene principios protectores, aunque limita la aplicación del beneficio de la duda al trabajador.

Propone computar toda la antigüedad continuada y reingresos dentro de dos años, y cambia la responsabilidad solidaria por una subsidiaria en contrataciones con terceros.

Uno de los cambios más profundos es la creación de un sistema unificado de registración laboral administrado por ARCA. La falta de inscripción generará presunciones a favor del trabajador. También digitaliza certificados y centraliza datos para todos los sectores, incluso pymes y trabajo agrario.

En organización del trabajo, se permite modificar modalidades sin perjuicio al empleado y se incorpora la formación profesional como derecho. Las vacaciones podrán otorgarse entre octubre y abril, fraccionarse en períodos mínimos de siete días y reprogramarse si hay enfermedad.

El proyecto amplía beneficios no remunerativos como guardería, útiles, gimnasio, salud y herramientas tecnológicas, sin aportes ni contribuciones. Además, crea componentes salariales dinámicos sin derecho adquirido.

En jornada laboral, habilita bancos de horas y cálculos por promedios, siempre respetando límites legales y un descanso semanal de 35 horas.

En licencias por enfermedad, prevé una prestación del 80% del salario neto y certificaciones digitales. Distingue entre incapacidad permanente, tareas compatibles o indemnización.

El esquema indemnizatorio se ajusta a un mes por año con topes y un mínimo del 67% de la mejor remuneración. El despido discriminatorio tendrá agravamiento entre 50% y 100%. Se permite reemplazar indemnización por fondos de cese o seguros.

El documento también redefine servicios esenciales, exigiendo un 75% de actividad en sectores críticos y 50% en actividades trascendentales durante medidas de fuerza. Salud, energía, telecomunicaciones y educación están entre los rubros incluidos.

Además, elimina la matriculación obligatoria para varias profesiones y la reemplaza por el Registro Federal de Egreso (ReFE), administrado por Capital Humano.

Finalmente, regula un régimen especial para repartidores independientes: capacitación, libertad de conexión, seguridad obligatoria y responsabilidad fiscal de cada trabajador.